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La Corrupción salpica a la familia real

La hija menor del Rey ha sido citada para declarar en Palma por parte del Juez Castro, el encargado de la instrucción del Caso Noos, el día 8 de marzo de 2014. Hay que decir que es la primera vez que un miembro de la familia real española se sienta a declarar como imputado en sede judicial.

El 3 de abril del año pasado la Infanta ya había sido imputada en este mismo caso aunque entonces la Audiencia Provincial de Palma a petición de la Fiscalía Anticorrupción rechazó dicha imputación y, por consiguiente, su declaración como imputada por entender que no hay indicios de su participación en la trama del Instituto Noos. El motivo de esa primera imputación es que se consideraba que la sociedad Aizoon, que posee la Infanta junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, a partes iguales era destinataria de fondos procedentes de la ONG Instituto Noos con la que el marido de la Infanta y su socio, Diego Torres, presuntamente habían conseguido irregularmente más de 6 millones euros de administraciones gobernadas por el PP.

 

La Audiencia a pesar de dejar sin efecto el auto de imputación de la Infanta apuntó a nuevas líneas de investigación para averiguar si ha podido incurrir en delitos fiscales y de blanqueo de dinero desde la empresa Aizoon. En este sentido, dicho tribunal cree que la sociedad Aizoon se constituye con una finalidad defraudatoria siendo ésta un sociedad pantalla para evadir impuestos tales como el Impuesto de Sociedades y el Impuesto Sobre las Personas Físicas.

 

 

En todo este procedimiento la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido, como ya hemos apuntado, un postura totalmente contraria a la del Juez Castro, y en el escrito presentado ante el juez instructor previa petición de este último reiteró que de la investigación no se desprende indicio alguno en sentido incriminatorio que lleve a la imputación de la hija del Rey. Además, el fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, ha sido muy crítico con el Juez Castro no solo por la imputación sino que también por entender que se ordenaron diligencias "irrelevantes desde el punto de vista penal, cuya práctica tan solo ha servido para alargar de forma innecesaria el procedimiento.

 

Finalmente el juez Castro argumenta en su auto a favor de la imputación que, por una parte, no necesita el apoyo de la fiscalía al tratarse de una mera declaración en una investigación abierta y, por otra parte, concluye que los delitos que se le imputan a su marido Iñaki Urdangarín difícilmente podrían haberse cometido sin el consentimiento de la Infanta Cristina.

 

 

 

 

 

Artículo de la alumna

Fátima Z. Karim

A partir de esta información, el juez Castro empieza averiguar cuál es la participación de la Infanta Cristina en las actividades presuntamente ilícitas de Aizoon.

 

Una investigación que dura aproximadamente 7 meses desde que se dictó el auto de la Audiencia, en la cual se han realizado actos tales como informes de la Agencia Tributaria y análisis policiales sobre una serie de gastos de la Infanta y su marido con fondos de Aizoon, entre otras cosas.

 

Cabe apuntar que, aunque los gastos a los que nos hemos referido en el párrafo anterior sí constituyen objetivamente ciertos indicios sobre la participación de la Infanta Cristina en toda esta trama, el informe que emite la Agencia Tributaria es totalmente contrario ya que en el mismo no se reflejan hechos presuntamente delictivos. Un informe del cual el juez Catsro ha discrepado totalmente y por lo tanto decidió imputar a la Infanta y citarla a declarar.

 

 

 

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